La derrota por 1-0 ante España en la final debía haber sido la noche más dura del torneo para Argentina, pero el verdadero calvario no empezó hasta después del pitido final, cuando la FIFA abrió un procedimiento disciplinario por los altercados posteriores a la final y por una serie de infracciones a lo largo de todo el campeonato. La redacción del organismo rector es seca y severa: "La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra Argentina por su comportamiento tras la derrota en la final del Mundial ante España y durante todo el torneo". Tres hombres están en el centro de la investigación: el defensa Nauel Molina, el centrocampista Leandro Paredes y el entrenador asistente Roberto Ayala, todos acusados de agresión física. La acusación es grave. Cada uno se enfrenta a una sanción de al menos tres partidos, lo que pone en duda su participación en los próximos encuentros oficiales, y los problemas no terminan ahí: la Asociación del Fútbol Argentino afronta acusaciones distintas por exhibir una pancarta política sobre las islas Malvinas, por insultos racistas y por un flagrante incumplimiento de la normativa de seguridad, y la FIFA examina el caso con arreglo a los artículos 13, 14, 15 y 17 de su código.
Aquí reside la verdadera contradicción. En términos deportivos, Argentina llegó a la final y se quedó a un solo gol del título, pero lo ocurrido fuera del terreno de juego ha borrado casi por completo ese logro y ha arrastrado a la sombra lo que debía haber sido una celebración del deporte, a causa de la agresividad y la política. El destino de Argentina ya no se decide sobre el césped. Está en manos del comité disciplinario de la FIFA, donde el precio de una derrota podría resultar mucho más alto que el de la propia final perdida.
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