La derrota 1-0 ante España en la final debió haber sido la noche más dura del torneo para Argentina, pero el verdadero calvario recién empezó después del pitazo final, cuando la FIFA abrió un procedimiento disciplinario por los cruces posteriores a la final y por una serie de infracciones a lo largo de todo el campeonato. El texto del organismo es seco y severo: "La FIFA ha abierto procedimientos disciplinarios contra Argentina por su comportamiento tras la derrota en la final del Mundial ante España y durante todo el torneo". Tres hombres están en el centro de la investigación: el defensor Nauel Molina, el mediocampista Leandro Paredes y el ayudante de campo Roberto Ayala, todos acusados de agresión física. La acusación es grave. Cada uno se expone a una sanción de al menos tres partidos, lo que pone en duda su participación en los próximos compromisos oficiales, y el problema no termina ahí: la Asociación del Fútbol Argentino enfrenta acusaciones separadas por exhibir una bandera política sobre las Islas Malvinas, por insultos racistas y por una flagrante violación de las normas de seguridad, y la FIFA analiza el caso bajo los artículos 13, 14, 15 y 17 de su código.
Ahí está la verdadera contradicción. En lo deportivo, Argentina llegó a la final y se quedó a un solo gol del título, pero lo que pasó fuera de la cancha casi borró ese logro y arrastró a las sombras lo que tendría que haber sido una fiesta del fútbol, con agresiones y política de por medio. El destino de Argentina ya no se define en el campo de juego. Está en manos del comité disciplinario de la FIFA, donde el precio de una derrota podría resultar mucho más alto que la propia final perdida.
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